Actionline es una compañía de capitales indios y norteamericanos que terceriza servicios de venta y atención al cliente para grandes empresas (Telefónica, Visa, Claro, entre otras). Cuenta con centros de atención en decenas de países, en el caso de la Argentina en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba y Tucumán.
Como ocurre en todos los call centers, las condiciones de trabajo son penosas: enorme presión para alcanzar objetivos y sostener métricas que influyen en el salario; falta del tiempo de descanso necesario entre llamadas; maltrato laboral; deficientes herramientas de trabajo; mala ventilación del lugar; presión para recuperar días de estudio o enfermedad; etc.; y todo esto con sueldos que raramente superan los 3000 pesos por 36 horas de trabajo semanales. Un ejemplo ilustrativo del desprecio de esta compañía por sus trabajadores es la reciente limpieza de uno de los edificios de Buenos Aires en plena jornada laboral, que dejó como saldo varios casos de contaminación con amoníaco.
El ritmo y las condiciones de trabajo insalubres producen enfermedades laborales tales como el síndrome de ‘burn out’ o cabeza quemada, depresión, ataques de pánico, lesiones auditivas y tendinitis, dentro de un largo etcétera. La empresa niega esta realidad, y el propio Fernando Padrón, CEO de la compañía y al mismo tiempo titular de la Asociación de Cámaras de Call Centers, se apersonó en una sesión de la comisión de legislación del trabajo de la Cámara de Diputados para presionar –junto a otras cámaras patronales- contra la aprobación del proyecto de Ley del Teleoperador que busca regular las condiciones laborales en el sector, y que cuenta con media sanción del Senado. La ACCC llega al cínico extremo de sostener que sólo el 1 por ciento de los trabajadores de call centers padecen estrés –un promedio que estaría por debajo de cualquier otra actividad humana-, y amenazó en medios gráficos con miles de despidos en caso de que la ley resultara aprobada.
La superexplotación explica la persecución sindical implacable que impera al interior de la compañía.
Persecución
En mayo de 2009, el Sindicato de Empleados de Comercio convocó a elecciones de delegados en la sede de la calle Arribeños, en el barrio de Belgrano, una de las sedes que poseía por entonces la compañía. Un grupo de trabajadores encabezado por Amancay D’Oliveira –trabajadora que logró el primer fallo favorable de reinstalación por persecución sindical en un call center en América Latina, justamente en Actionline- Cecilia Santillán, y Pamela Ybarra conformaron una lista, pero las elecciones fueron suspendidas –hacemos mención a los nombres de las compañeras, porque todas ellas sufrieron posteriormente las represalias de la patronal. En este cuadro, las compañeras impulsaron la Comisión de Reclamos, que empezó a editar materiales y a pelear por mejoras en las condiciones de trabajo en la empresa.
La empresa y la dirección del SEC sostienen desde entonces un pacto para evitar la postulación de las compañeras de la Comisión de Reclamos.
Entre diciembre de 2009 y enero de 2010 desmantelaron el edificio de Arribeños, donde se concentraba la influencia de la Comisión de Reclamos y la mayor cantidad de trabajadores de la empresa, y las activistas fueron mudadas a edificios diferentes –Tacuarí y Viamonte-, en los que se realizaron elecciones de delegados previas al traslado, una maniobra para impedir la postulación de las compañeras en los nuevos edificios.
Una vez que desmanteló el edificio de la calle Arribeños, la empresa intentó poner fin a la organización de los trabajadores, apelando a medidas menos sutiles. En el curso de 2010 despidió a Cecilia Santillán –en enero, quien actualmente se encuentra en juicio de reinstalación- N. M., Pamela Ybarra –en octubre, quienes lograron su reinstalación luego de una intensa pelea de los trabajadores que llevó casi una semana-, y a Nahuel Baresi –también en octubre, y también reincorporado con la lucha.
Más persecución
Casi en simultáneo con el vencimiento de los mandatos sindicales de los delegados del edificio de Tacuarí, la empresa despidió en agosto de este año, por segunda vez, a N. M., Amancay D’Oliveira, y anunció de manera extraoficial el inminente traslado del personal a un nuevo edificio. Existe un pacto entre la empresa y los delegados que responden a Armando Cavalieri para realizar las elecciones en el nuevo edificio, deshaciéndose previa o simultáneamente de los activistas opositores que existen –y que a esta altura exceden a la propia Comisión de Reclamos.
Se han realizado actos en la puerta del edificio de Tacuarí, junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales que apoyan el reclamo de elecciones democráticas en tiempo y forma, a la vez que un petitorio con ese reclamo recogió la firma de la mayoría de los trabajadores del edificio.
El 3/11 la empresa impuso una suspensión de dos días a una compañera (cuya identidad ha sido protegida) por llegar al trabajo quince minutos tarde.
Campaña
Ante esta situación inédita de discriminación y persecución sindical, y en medio de una renovada amenaza, nos vemos obligados a emprender una campaña democrática hacia todos los trabajadores y el pueblo, denunciando esta tentativa.
Reclamamos elecciones democráticas de delegados en tiempo y forma, por las que venimos peleando hace ya casi tres años, y que no se despida a ningún activista –y a ningún trabajador- en el proceso de mudanza del edificio. Asimismo, destacamos la conexión entre la persecución gremial y las denigrantes condiciones de trabajo que padecemos cotidianamente, haciendo votos por el fin del abuso patronal en Actionline y todos los call centers.
COMISION DE RECLAMOS
TRABAJADORES DE ACTIONLINE
Para adherir a la campaña y ver más materiales
Mail: queremos.delegados@gmail.com
Facebook: Comision de Reclamos Actionline
Como ocurre en todos los call centers, las condiciones de trabajo son penosas: enorme presión para alcanzar objetivos y sostener métricas que influyen en el salario; falta del tiempo de descanso necesario entre llamadas; maltrato laboral; deficientes herramientas de trabajo; mala ventilación del lugar; presión para recuperar días de estudio o enfermedad; etc.; y todo esto con sueldos que raramente superan los 3000 pesos por 36 horas de trabajo semanales. Un ejemplo ilustrativo del desprecio de esta compañía por sus trabajadores es la reciente limpieza de uno de los edificios de Buenos Aires en plena jornada laboral, que dejó como saldo varios casos de contaminación con amoníaco.
El ritmo y las condiciones de trabajo insalubres producen enfermedades laborales tales como el síndrome de ‘burn out’ o cabeza quemada, depresión, ataques de pánico, lesiones auditivas y tendinitis, dentro de un largo etcétera. La empresa niega esta realidad, y el propio Fernando Padrón, CEO de la compañía y al mismo tiempo titular de la Asociación de Cámaras de Call Centers, se apersonó en una sesión de la comisión de legislación del trabajo de la Cámara de Diputados para presionar –junto a otras cámaras patronales- contra la aprobación del proyecto de Ley del Teleoperador que busca regular las condiciones laborales en el sector, y que cuenta con media sanción del Senado. La ACCC llega al cínico extremo de sostener que sólo el 1 por ciento de los trabajadores de call centers padecen estrés –un promedio que estaría por debajo de cualquier otra actividad humana-, y amenazó en medios gráficos con miles de despidos en caso de que la ley resultara aprobada.
La superexplotación explica la persecución sindical implacable que impera al interior de la compañía.
Persecución
En mayo de 2009, el Sindicato de Empleados de Comercio convocó a elecciones de delegados en la sede de la calle Arribeños, en el barrio de Belgrano, una de las sedes que poseía por entonces la compañía. Un grupo de trabajadores encabezado por Amancay D’Oliveira –trabajadora que logró el primer fallo favorable de reinstalación por persecución sindical en un call center en América Latina, justamente en Actionline- Cecilia Santillán, y Pamela Ybarra conformaron una lista, pero las elecciones fueron suspendidas –hacemos mención a los nombres de las compañeras, porque todas ellas sufrieron posteriormente las represalias de la patronal. En este cuadro, las compañeras impulsaron la Comisión de Reclamos, que empezó a editar materiales y a pelear por mejoras en las condiciones de trabajo en la empresa.
La empresa y la dirección del SEC sostienen desde entonces un pacto para evitar la postulación de las compañeras de la Comisión de Reclamos.
Entre diciembre de 2009 y enero de 2010 desmantelaron el edificio de Arribeños, donde se concentraba la influencia de la Comisión de Reclamos y la mayor cantidad de trabajadores de la empresa, y las activistas fueron mudadas a edificios diferentes –Tacuarí y Viamonte-, en los que se realizaron elecciones de delegados previas al traslado, una maniobra para impedir la postulación de las compañeras en los nuevos edificios.
Una vez que desmanteló el edificio de la calle Arribeños, la empresa intentó poner fin a la organización de los trabajadores, apelando a medidas menos sutiles. En el curso de 2010 despidió a Cecilia Santillán –en enero, quien actualmente se encuentra en juicio de reinstalación- N. M., Pamela Ybarra –en octubre, quienes lograron su reinstalación luego de una intensa pelea de los trabajadores que llevó casi una semana-, y a Nahuel Baresi –también en octubre, y también reincorporado con la lucha.
Más persecución
Casi en simultáneo con el vencimiento de los mandatos sindicales de los delegados del edificio de Tacuarí, la empresa despidió en agosto de este año, por segunda vez, a N. M., Amancay D’Oliveira, y anunció de manera extraoficial el inminente traslado del personal a un nuevo edificio. Existe un pacto entre la empresa y los delegados que responden a Armando Cavalieri para realizar las elecciones en el nuevo edificio, deshaciéndose previa o simultáneamente de los activistas opositores que existen –y que a esta altura exceden a la propia Comisión de Reclamos.
Se han realizado actos en la puerta del edificio de Tacuarí, junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales que apoyan el reclamo de elecciones democráticas en tiempo y forma, a la vez que un petitorio con ese reclamo recogió la firma de la mayoría de los trabajadores del edificio.
El 3/11 la empresa impuso una suspensión de dos días a una compañera (cuya identidad ha sido protegida) por llegar al trabajo quince minutos tarde.
Campaña
Ante esta situación inédita de discriminación y persecución sindical, y en medio de una renovada amenaza, nos vemos obligados a emprender una campaña democrática hacia todos los trabajadores y el pueblo, denunciando esta tentativa.
Reclamamos elecciones democráticas de delegados en tiempo y forma, por las que venimos peleando hace ya casi tres años, y que no se despida a ningún activista –y a ningún trabajador- en el proceso de mudanza del edificio. Asimismo, destacamos la conexión entre la persecución gremial y las denigrantes condiciones de trabajo que padecemos cotidianamente, haciendo votos por el fin del abuso patronal en Actionline y todos los call centers.
COMISION DE RECLAMOS
TRABAJADORES DE ACTIONLINE
Para adherir a la campaña y ver más materiales
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