El 27 de julio de 2011, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley del teleoperador, que establece una jornada máxima de seis horas de trabajo con pago como jornada completa debido a las características insalubres de la tarea, así como una regulación de las condiciones de trabajo (descanso entre llamadas, etc.).
Cuando la comisión de legislación del trabajo de Diputados estaba a punto de aprobarlo, una fuerte campaña empresaria en contra del proyecto, encabezada por la Cámara de Comercio, la norteamericana AmCham, y la Cámara de Call Centers, hizo a los diputados cambiar de opinión. Como resultado, si a mediados de este año Diputados no aprueba el proyecto, éste perderá estado parlamentario y la situación volverá a fojas cero.
Esto implicaría un triunfo de los empresarios y un retroceso para los trabajadores de call centers en nuestra lucha contra la precarización laboral. Mientras leyes que favorecen a los empresarios, como la reforma de la ley de ART, fueron aprobadas en tiempo récord y con el impulso de la propia presidenta de la Nación, el proyecto de ley del teleoperador lleva más de siete años trabado en el Congreso. Esto es una muestra de los intereses sociales que ambos defienden. Ninguna de las direcciones sindicales, ni siquiera las que se reclaman progresistas como Foetra, emprendió ninguna acción frente al boicot empresario, actuando en los hechos como sus cómplices.
Llamamos a debatir el tema en los lugares de trabajo y a preparar una campaña para evitar que el proyecto de ley del teleoperador pierda estado parlamentario, y a conseguir su definitiva aprobación en los términos en que fue originariamente concebido.